En León, la visita del conferencista Agustín Laje ha reabierto una vieja discusión: ¿Debe el Gobierno de León intervenir para impedir discursos considerados incómodos, provocadores o incluso ofensivos para ciertos sectores? La respuesta, en un Estado democrático, debe ser clara: no.
En los últimos días, distintos colectivos y activistas han exigido al Ayuntamiento de León cancelar la presentación de Laje, argumentando que sus ideas atentan contra los derechos humanos, particularmente los de la población LGBTIQ+. Apelan al artículo 13 del Reglamento de Espectáculos Públicos municipal, que prohíbe autorizaciones para eventos que afecten la dignidad humana y el orden público. A simple vista, la exigencia podría parecer válida. Pero al examinarla con mayor profundidad, lo que se evidencia es una peligrosa tentación autoritaria, disfrazada de progresismo.
La libertad de expresión no es un privilegio, es un derecho.
En el orden constitucional mexicano, la libertad de expresión no está subordinada a la sensibilidad colectiva ni a criterios ideológicos. El artículo 6º de la Constitución, así como el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), son claros: todas las personas tienen derecho a expresar sus ideas sin censura previa, salvo en casos excepcionales: incitación directa a la violencia, apología del delito, calumnia o discurso de odio jurídicamente tipificado.
Laje, guste o no, no ha sido procesado ni sancionado por incitar a la violencia, ni existen elementos objetivos para afirmar que su discurso infringe los límites legales establecidos. Considerarlo una amenaza por su influencia mediática o por sus posturas conservadoras no es razón jurídica suficiente para censurarlo.
El Reglamento de Espectáculos Públicos de León no puede estar por encima de la Constitución. Usarlo como excusa para impedir una conferencia se acerca peligrosamente a la censura ideológica. Si se validara tal argumento, cualquier autoridad local podría prohibir expresiones feministas, religiosas, críticas del sistema o artísticas, simplemente por considerarlas “ofensivas” o “contrarias a derechos humanos”, sin criterios objetivos.
No olvidemos que la defensa de los derechos humanos no puede ser selectiva ni manipulada al gusto del poder político o de la mayoría moral momentánea.
León y los derechos LGBTIQ+: avances reales, pero frágiles.
Es importante reconocer que León ha registrado avances significativos en visibilidad y derechos de la población LGBTIQ+: marchas multitudinarias, presencia institucional y activismo en aumento. Estos logros deben consolidarse con políticas públicas, educación y garantías institucionales. Pero no se logran silenciando voces ajenas, sino ganando la batalla en el terreno de las ideas.
Una ciudad realmente inclusiva no necesita censura, sino más democracia.
Laje, el Temach y la confusión entre lo legal y lo ideológico.
El antecedente del “Temach”, cuyo evento fue cancelado bajo el mismo reglamento, ha sido usado como justificación para exigir lo mismo en el caso de Laje. Pero repetir errores no genera jurisprudencia. La comparación revela una lógica peligrosa: cancelar todo lo que se perciba como ofensivo, sin importar si infringe la ley.
No se trata de defender las ideas de Laje. Se trata de defender el derecho que todos tenemos a expresarnos —y el derecho que la sociedad tiene a escucharlas, debatirlas y rebatirlas— sin que el gobierno actúe como árbitro ideológico.
Más libertad, no menos.
Proteger a las personas LGBTIQ+ implica garantizar su seguridad, promover sus derechos, erradicar la discriminación estructural y asegurar su acceso a la justicia. Pero eso no se logra censurando conferencias, sino construyendo una sociedad más libre, más informada y más plural.
Si de verdad creemos en los derechos humanos, debemos proteger también el derecho a disentir. Incluso —y sobre todo— cuando nos incomoda.
Porque si hoy censuramos a Laje por sus ideas, mañana alguien más podrá censurar las nuestras.